Necesidad del Gobierno de revestirse de responsabilidad social después de acometer recortes masivos de la sanidad pública y los servicios sociales.

Pikara Magazine15/01/2014
La apropiación del discurso de los derechos de la personas con discapacidad para limitar los derechos reproductivos de las mujeres obedece a la necesidad del Gobierno de revestirse de responsabilidad social después de acometer recortes masivos de la sanidad pública y los servicios sociales.

Melania Moscoso* 

Desde que Peter Singer escribió su ‘Should this baby live? The problem with handicapped infants’, la cuestión de la discapacidad se ha situado en el centro de todos los  debates sobre el inicio y el fin de la vida. El aborto y la eutanasia se prestan a confrontaciones entre dogmatismos de distinto signo en los que la polarización de las posturas prevalece sobre el debate público sosegado. El anteproyecto de la ley del aborto aprobado el 20 de diciembre en el Consejo de Ministros, que supedita la libertad de elección de la mujer  embarazada a un sistema de supuestos, ha suprimido el supuesto por malformación del feto, que en la Ley Orgánica  de Salud Sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del 3 de marzo de 2010 permitía la interrupción voluntaria del embarazo en caso de malformaciones congénitas hasta las 22 semanas. En palabras del ministro de Justicia, “la discapacidad de una persona “jamás” podrá ser razón para el aborto” porque eso significaría crear ciudadanos “de primera y de segunda”. No sólo se suprime la libertad de la madre para interrumpir la gestación durante las primeras catorce semanas, sino que se ha acuñado la expresión aborto eugenésico para referirse a la interrupción del embarazo motivado por la malformación del feto.

Cabría exigir a las instituciones que no nos conviertan a niños y adultos con discapacidad en el ejemplo de destino social no deseado para sus hijos, pero en ningún caso forzar la maternidad de un hijo no deseado

El hecho de que la bioética haya “secuestrado” la discapacidad para utilizarla en los debates sobre el inicio de la vida ha incluido la cuestión de los no nacidos en la agenda de buena parte del Disability Rights Movement, reivindicación que no tiene precedente en ningún otro grupo minorizado. Hemos de suponer, y es probable que puedan consultarse los datos, que amparándose en la malformación del feto se hayan producido muchos abortos. Es también presumible que se hayan  abortado muchos fetos mulatos o mestizos por el mero  hecho de serlo. Sin embargo, los no nacidos no figuran en la agenda política de los grupos que reivindican la igualdad racial. Esta circunstancia ha sido aprovechada por determinados colectivos que tienen más interés en arrogarse los derechos de los no nacidos que en proteger la calidad de vida de los ciudadanos con discapacidad de la Unión Europea. Es cierto que la mayoría de las personas con discapacidad nos vemos sometidas a grados variables de violencia simbólica. El hecho de que haya más personas con discapacidades no supone en sí mismo que  la violencia simbólica que en conjunto o de manera individual soportamos vaya a disminuir de forma proporcional. Se me hurta cómo las restricciones a los derechos reproductivos de las mujeres pueden mejorar por sí mismas la calidad de vida de las personas con discapacidad, que no en vano son en su mayor parte mujeres.

Sin duda, puede exigirse a las autoridades públicas un mayor esfuerzo a la hora de aminorar la violencia simbólica. A diferencia de quienes abortan por no tener un niño mulato o mestizo, quienes lo hacen amparándose en  malformaciones fetales no siempre esconden sus motivaciones. Cabría en todo caso exigirles que no nos conviertan a niños y adultos con las discapacidades que no desean para sus hijos en el ejemplo de destino social no deseado, pero en ningún caso forzar la maternidad de un hijo no deseado.

Desde sectores conservadores se tiende a identificar el supuesto por malformación del feto con el programa Aktion T4, que supuso la eliminación de 275.000 personas con discapacidades durante del Tercer Reich. A diferencia de la infame Gesetz zur Verhütun gerbkranken Nachwuchses, que aprobaron los nazis en 1933, ninguna de las leyes de interrupción del embarazo de nuestro país ha obligado nunca a abortar por razón de malformación del feto, y también me parece arriesgado suponer que las mujeres que abortan lo hacen por temor a la degeneración racial como hace suponer la expresión aborto eugenésico. 

En ocasiones tengo la impresión que la importancia que se concede al tema de los no nacidos en la discapacidad proviene de sectores sociales no demasiado satisfechos con los innegables avances del colectivo en los últimos años. La apropiación del discurso de los derechos de la personas con discapacidad para limitar los derechos reproductivos de las mujeres es algo inaudito que probablemente obedece a la necesidad del Gobierno de revestirse de responsabilidad social después de someter a la sociedad a recortes masivos  de la sanidad  pública y los servicios sociales.

Al movimiento feminista se le presenta una ocasión de oro para tender puentes desde la humildad con el amplio colectivo de las mujeres con discapacidad

El colectivo GLBT de Estados Unidos ha acuñado el concepto de Pinkwashing (pintar de rosa)  para referirse a la instrumentalización del discurso de un colectivo en desventaja, en este caso el de los gays y las lesbianas, para justificar la conculcación de los derechos de otras minorías, como por ejemplo la población afroamericana de los barrios de San Francisco. En España, con toda justicia podría acuñarse el término Cripwashing (de crip, tullido)  para referirse a la capitalización de los discursos del movimiento  prodiscapacidad para limitar los derechos reproductivos de las mujeres,   que coincide además con la derogación del artículo 156.2 del código penal -que prohíbe la  esterilización forzosa de personas con discapacidad y con un recorte de los fondos destinados a la ley de la dependencia.

Es curioso que tanto quienes defienden el utilitarismo liberal como el catolicismo más conservador piensen en las personas con discapacidad como “símbolos de progreso de la civilización” por utilizar una expresión de Jasbir Puar, y no como personas de carne y hueso cuyas vicisitudes cotidianas requieren atención urgente.

Para terminar, al movimiento feminista, que tradicionalmente ha establecido relaciones más fluidas con otros colectivos de mujeres como las migrantes, se le presenta una ocasión de oro para tender puentes con  el amplio colectivo de las mujeres con discapacidad. Sin duda esto les exige buenas dosis de humildad y reconocer que el patriarcado es una experiencia que va más allá de las situaciones que su discurso ha enseñado a ver como opresivas, y le urge a revisar la categoría de mujer desde la que elaboran su reflexión, demasiado parecida a la de los discursos dominantes a los que se opone.

*Melania Moscoso es antropóloga y doctora en Ciencias Políticas y Sociología. Ha sido investigadora postdoctoral en Temple University y en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

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